El pasado 21 de enero se publicó en el BOE, y entró en vigor, el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

Éste regula un sistema alternativo a la vía judicial, de carácter voluntario para el consumidor, que facilita llegar a un acuerdo con el banco de forma ágil y sencilla, y permite así que los consumidores puedan satisfacer sus pretensiones sin tener que acudir a los tribunales.

1. Ámbito de aplicación

Las medidas se aplicarán a los contratos de préstamo o créditos garantizados con hipoteca inmobiliaria que incluyan una cláusula suelo cuyo prestatario sea un consumidor. Cabe señalar que el hecho de haber cancelado ya el préstamo hipotecario no es un impedimento para reclamar la devolución de los pagos indebidos a causa de una cláusula suelo.

Además, aquellos que hubieran iniciado un procedimiento judicial podrán suspenderlo de común acuerdo y someterse a este procedimiento.

Sin embargo, queda por ver si aquellos que ya habían llegado a un acuerdo con el banco sobre las cláusulas suelo de su contrato o crédito hipotecario pueden también acudir a este procedimiento.

Por cláusula suelo se entenderá cualquier estipulación incluida en un contrato de préstamo o crédito garantizado con hipoteca inmobiliaria a tipo variable, o para el tramo variable de otro tipo de préstamo, que limite a la baja la variabilidad del tipo de interés del contrato.

2. Inicio y duración del procedimiento

La reclamación extrajudicial se inicia a instancias del consumidor, que es quien debe acudir a su oficina bancaria para reclamar la devolución de los pagos indebidos.

El plazo máximo para que la entidad y el consumidor lleguen a un acuerdo es de 3 meses a contar desde la presentación de la reclamación.

3. Obligaciones de los bancos

Los bancos están obligados a informar sobre este sistema extrajudicial, debiendo aparecer información sobre éste en la web y en las mismas oficinas. Además, disponen de un mes para constituir un departamento o servicio especializado para tal fin.

Asimismo, están obligados a contestar a todas las solicitudes y, si la deniegan, deben justificar el porqué.

4. Formas de compensación

Si el banco acepta la reclamación, tiene que realizar una oferta en metálico al cliente, indicando por escrito el cálculo de la cantidad que va a devolver, con los correspondientes intereses.

La cifra la establece el banco y, si el cliente acepta, tiene que cobrar en un plazo de tres meses.

No obstante, la entidad bancaria también puede ofrecer otro tipo de compensaciones, como son la amortización parcial de la hipoteca o el pago mediante otros productos financieros.

En cualquier caso, el consumidor siempre tiene 15 días para valorar la oferta realizada por el banco.

Como se ha dicho, este procedimiento es del todo voluntario y alternativo, por lo que si el consumidor no está de acuerdo con la oferta- o no quiere siquiera iniciar este tipo de reclamación- siempre tendrá la opción de acudir a la vía judicial.

5. Efectos fiscales y consecuencias en las costas judiciales

El procedimiento de reclamación extrajudicial tendrá carácter gratuito.

La formalización de la escritura pública y la inscripción registral que pudiera derivarse del acuerdo devengará exclusivamente los derechos arancelarios notariales de un documento sin cuantía y los registrales de una inscripción mínima, cualquiera que sea la base. En otras palabras: los costes de formalizar el acuerdo serán los mínimos.

En cuanto a las costas judiciales, el citado texto legal establece que, si tras la oferta realizada por el banco el consumidor acude a los tribunales y la sentencia establece una compensación igual a la que ofrecía el banco – y este se ha allanado parcialmente y consignado la cantidad que había ofrecido- no habrá condena en costas sino que cada parte deberá pagar las suyas.

Por tanto, sólo si la sentencia fija una cuantía superior a la oferta realizada por el banco, procederá imponerle a éste las costas.

Finalmente, el dinero que reciban los afectados, ya sea por acuerdo o por sentencia, no se integrará en la base imponible del IRPF.

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