El Gobierno estudia instrumentos legales para poder detraer a las comunidades y a los ayuntamientos morosos recursos de su participación en los ingresos del Estado con el fin de que «ninguna administración se financie a costa de no pagar a los proveedores, ni siquiera temporalmente o para ganar un año».

Esta será una de las reformas que acometerá el Ejecutivo central en los primeros meses de 2013, según avanzó el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

El Ministerio, en principio, apuesta por que todas las administraciones «cumplan estrictamente la ley de morosidad» y para ello está trabajando en uninstrumento legal por el que un proveedor se pueda dirigir al Ministerio de forma directa para que éste arbitre la forma de pago de la deuda contraída por alguna administración.

En ese caso, el Ministerio podría detraer a la administración morosa recursos de la participación de las comunidades autónomos o de los ayuntamientos en los ingresos del Estado.