El pasado 6 de julio de 2010 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. La reforma obedece al aumento de los impagos y de la morosidad, por parte tanto de las empresas privadas como del sector público, provocado por la actual situación de crisis económica, que dificulta la supervivencia de muchas pequeñas y medianas empresas que funcionan con gran dependencia del crédito a corto plazo y con muchas limitaciones de tesorería.La Ley 15/2010, que se aplica a los contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigor, es decir, a partir de 7 de julio de 2010, establece como regla general que los pagos entre empresas privadas deberán realizarse en un plazo máximo de sesenta (60) días a contar desde la recepción de la mercancía o la prestación de los servicios, con independencia de la fecha de factura, salvo para productos de alimentación frescos y perecederos que será como máximo de treinta (30) días. No obstante lo anterior, la propia Ley 15/2010 recoge un sistema progresivo de aplicación del plazo máximo general de pago, para todos aquellos que vinieran aplicando plazos superiores, de forma que hasta finales del año 2011, el plazo máximo será de ochenta y cinco (85) días; durante el año 2012, de setenta y cinco (75) días; y a partir del 1 de enero de 2013, de sesenta (60) días. Todo acuerdo entre las partes para ampliar los plazos anteriores será nulo.Asimismo, la Ley 15/2010 establece la obligación de las empresas de dar información sobre los plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus Cuentas Anuales.Por otra parte, la Ley 15/2010 modifica la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, simplificando el procedimiento de reclamación frente a la Administración en caso de morosidad y reduciendo a un máximo de treinta (30) días el plazo de pago de la Administración, que asimismo se aplicará progresivamente, de forma que hasta finales del año 2010, el plazo máximo será de cincuenta y cinco (55) días; durante el año 2011, de cincuenta (50) días; durante el año 2012, de cuarenta (40) días; y a partir del 1 de enero de 2013, de treinta (30) días.